Inés Madrigal también descubre que sus padres la entregaron voluntariamente en adopción.

Inés Madrigal, la mujer se convirtió en la primera en llevar ante los tribunales un caso relacionado con el escándalo de los «bebés robados» durante la dictadura del general Franco y los años posteriores a su muerte, y que ha vivido en la Región de Murcia durante la mayor parte de su vida, ha anunciado que tras 32 años de búsqueda ha conseguido finalmente encontrar a su familia biológica.

En una emotiva rueda de prensa, confirmó que había establecido contacto con sus «verdaderos» parientes en marzo y que la confirmación la ha proporcionado el análisis genético. Sin embargo, el triunfo es un triunfo agridulce, ya que también se ha enterado de que su madre biológica murió en 2013 a la edad de 73 años.

Además, se ha puesto de manifiesto que, en sentido estricto, no fue «robada», sino que, de hecho, sus padres la dieron voluntariamente en adopción.

«Por primera vez el rompecabezas de mi vida está completo», dijo la Sra. Madrigal, que fue arrebatada a sus padres por el doctor Eduardo Vela cuando nació en la clínica San Ramón de Madrid en 1969, añadiendo que sus cuatro hermanos también la habían estado buscando después de haberla visto en la televisión y haber notado un claro parecido con su madre. Uno de ellos dio el paso de registrar su perfil de ADN en el banco nacional de datos y, finalmente, una empresa privada de los Estados Unidos reunió las piezas e informó a todas las partes interesadas de que estaban relacionadas.

Esa intervención debería ser requerida desde Norteamérica, según la Sra. Madrigal, demuestra que los bancos de ADN españoles «no están preparados ni son capaces» de reunir a la gente porque utilizan parámetros de búsqueda insuficientes.

El pasado mes de octubre, un tribunal de Madrid dictaminó que el doctor Eduardo Vela había retirado a Inés Madrigal de la custodia de su madre biológica, pero emitió un veredicto de inocencia alegando que la responsabilidad del secuestro había expirado al alcanzar la mayoría de edad.

El primer juicio relacionado con el escándalo de los «bebés robados» en España finalizó el lunes con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se declara al Dr. Eduardo Vela, único acusado de todos los delitos de los que se le acusa, pero al mismo tiempo se le absuelve por haber caducado su responsabilidad por ellos. Esto se debe a una «estatua de limitaciones» en la legislación española que limita el plazo tras la comisión de un delito en el que el autor puede ser encontrado culpable de él, una legalidad que no tiene equivalente en la legislación británica.

La fiscalía había solicitado una pena de 11 años de prisión para el Dr. Vela, que tenía 85 años de edad en el momento del juicio y, como se demostró durante los procedimientos judiciales, se encontraba en mal estado de salud.

La versión de los hechos presentada por la fiscalía, y que fue aceptada por el tribunal de Madrid, es que Inés Madrigal nació en la Clínica San Ramón y fue adoptada por una mujer que cuidaba niños en un convento de la capital. Su madre adoptiva, de 46 años en ese momento, no podía tener hijos, y fue puesta en contacto con la clínica y el doctor Vela por un sacerdote jesuita.

El médico aconsejó a la «futura madre» que acolchara su ropa con cojines para fingir que estaba embarazada y que esperara una llamada telefónica, que llegó en junio de 1969 con la instrucción de ir a la clínica con ropa de bebé. Al hacerlo, se le presentó a su «hija».

No se sabe de ningún dinero que haya cambiado de manos según esta versión de los hechos, la cual fue proporcionada a la Sra. Madrigal años después por su madre adoptiva, Inés Pérez (la madre natural según el certificado de nacimiento firmado por Eduardo Vela). Con el fin de hacer posible que el caso llegara a los tribunales, en un momento dado la demandante presentó una acusación contra la Sra. Pérez, quien aceptó esta medida como necesaria para que la verdad saliera a la luz, antes de que ésta muriera en diciembre de 2016.

Se cree que durante la dictadura del general Franco y en los años inmediatamente posteriores hubo miles de casos similares, y aunque se han registrado más de 2.000 casos y reclamaciones, éste fue el primero en llegar a juicio.

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