Corinna, empresaria, asesora de Alberto II de Mónaco, ex amante de Juan Carlos I, dice que el ex rey la utilizó para esconder bienes y propiedades en el extranjero. Ella hizo los comentarios en una reunión con el oficial de policía retirado José Manuel Villarejo, según una grabación de la conversación a la que ha tenido acceso el periódico El Español.
Durante la conversación, la princesa (que estaba casada con el príncipe alemán Casimir Sayn-Wittgenstein-Sayn) explica que vive «una gran pesadilla» ya que, «a sus espaldas y con su pueblo», el rey supuestamente puso bienes a su nombre. Los activos en cuestión son una serie de propiedades en Marruecos y otros lugares fuera de España que, tras el final de su relación, Juan Carlos está reclamando.
En la grabación, Corinna entra en detalles sobre la supuesta operación para ocultar los bienes del monarca abdicado. Según ella, la abogada del rey Dante Canónica creó «estructuras» opacas en nombre de terceros, como ella. Dice que está sufriendo una presión exorbitante para que ahora los cambien al nombre de otros cercanos al rey. En el centro de esta presión, dice, está el CNI, el servicio de seguridad español.
Específicamente, describe una reunión con el director del CNI, Félix Sanz Roldán, en el verano de 2012, en la que alega que él la amenazó de muerte a ella y a sus hijos. Ella también alega que el rey sabía de esto. En la grabación, Corinna describe dos presuntas operaciones de mercenarios, una en Londres y otra en Mónaco, para entrar en su casa y robar documentos.
Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, no hay pruebas de que Corinna haya presentado un informe en España, Londres o Mónaco sobre la supuesta intrusión en su casa o en sus registros. Sanz Roldán, por su parte, ha negado haberla amenazado y el CNI ha negado cualquier operación para buscar documentos.
Corinna también afirma que el rey tenía cuentas en bancos suizos a nombre de su primo, Álvaro de Orleans-Bourbon. Además, afirma que utilizó la ley de amnistía financiera aprobada por el gobierno de Rajoy en 2012, que permitía la repatriación de fondos opacos con una responsabilidad fiscal mínima.
